Lo que quiere decir Estados Unidos. A propósito del inicio del Dream Act

 

Javier Urbano Reyes[1]

 

El Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), acaba de publicar la convocatoria para que, cumpliendo ciertos criterios de elegibilidad, más de 1.7 millones de jóvenes puedan verse beneficiados con la suspensión de su proceso de deportación.

 

Visto sin mayor reflexión, pareciera que la Unión Americana ha rescatado del sótano de su historia el viejo recuerdo, ya casi olvidado de su memoria, de que han sido,  de que son y que serán hijos, producto de la inmigración. Sin embargo, atrás de esta iniciativa hay más que una simple acción  filantrópica o una acción solidaria con la comunidad inmigrada.

 

El USCIS indica que para poder ser elegible de los beneficios se requiere que los inmigrantes tengan por lo menos 5 años de haber ingresado al país y que antes de su ingreso tuvieran hasta 16 años; que su edad actual sea menor a los 30 años; que hubieran concluido la secundaria en Estados Unidos, que hayan obtenido un certificado de aprobación del idioma inglés o que se hayan integrado a las fuerzas armadas o finalmente, que hayan cursado o estén en vías de terminar estudios universitarios.

 

Por un asunto estrictamente instrumental, la emisión de la Dream Act parece tener suficientes argumentos para defender sus criterios de exclusión, es decir, una persona que sabe inglés, que participa del proceso de formación académica, que sirve o ha servido a las fuerzas armadas, no requiere de esfuerzos extraordinarios de la política pública, visto que el proceso de integración que han emprendido estas poblaciones  ya fluye sin mayor problemas, de ahí que sólo falta cierta ratificación legal de parte del sistema migratorio de este país.

 

Ahora bien,  Alejandro Mayorkas, director del USCIS ha dicho claramente que este proceso no constituye un camino para obtener la ciudadanía, de lo cual se desprende la primera pregunta, que no conlleva maldad ni mala fé, simplemente duda: si este proceso no es el camino a la ciudadanía, ¿entonces a qué camino conduce?, es decir, si no hay un objetivo de política pública que acompañe al inmigrado en su tránsito de esa condena social, jurídica y política que implica la palabra migrante, a su plena pertenencia al país de acogida, otro camino diferente a la obtención de la ciudadanía se puede bifurcar en dos: o se busca mantener un estatus de indefinición jurídica, con lo cual su nivel de vulnerabilidad y explotación se agranda, o se quiere inventar un término intermedio entre un inmigrante (derechos limitados, objeto económico y no sujeto político) y un ciudadano (derechos plenos, participación política, derechos económicos y sociales) que ratifica lo que en la realidad ya se conoce de los estados receptores de flujos migratorios, es decir, que predican una defensa irredenta de los derechos fundamentales como identificación de su condición de estado democrático, mientras en la práctica insisten en la construcción de una nación con diferentes estamentos y derechos.

 

Hemos de insistir, como lo hemos hecho en otros espacios, en que el proceso migratorio en lo general, y el migrante en lo particular, debieran ser parte de un proceso transitorio. En otras palabras, que la figura del inmigrado sólo debe ser parte de una evolución, un escalón que lleve en forma natural y fluida hacia la condición de ciudadano, es decir, que inmigrado sólo debiera ser un estado que debiera conducir en el plazo más breve a la pertenencia plena a la nación huésped.

 

Ahora bien, la Dream Act establece criterios de elegibilidad, lo que a la vez construye criterios de exclusión. Si la Unión Americana impone requisitos para los beneficiarios, nos avanza un mensaje claro, sin márgenes de interpretación: sólo acepta población con ciertos niveles educativos, con una edad productiva plena y con un proceso de integración consolidado, pero resulta que la mayor parte de la inmigración que llega a este país, por lo menos la que se origina en México y Centroamérica, no son elegibles, ya que su nivel educativo es bajo, muchos miles no tienen contratos para comprobar una estancia mayor a cinco años pues están sometidos a explotación en muchos casos cercana a la semi-esclavitud y que por supuesto tienen nulas posibilidades de integrarse a un proceso educativo en la Unión Americana, pues llegan a estos territorios a ser explotados.

 

Pueden ser 11, 12 ó 13 millones las personas indocumentadas que residen actualmente en Estados Unidos. La Dream Act se propone para 1.7 millones de personas: ¿qué hay entonces para los más de 10 millones de personas restantes que viven, trabajan, aportan impuestos en el sótano de la economía de este país?, ¿cuándo una reforma migratoria que reconozca a los inmigrados como un actor relevante y no sólo como mano de obra explotable sin posibilidades de integrarse plenamente a la vida de la Unión Americana?

 

La respuesta ciertamente no aparecerá en el corto plazo. Barack Obama, más allá de sus deseos o limitaciones, está inmerso en un proceso electoral de reelección que, visto el adversario, no supondría mayor riesgo (se dice que las elecciones las pierden los que están en el poder, no que las ganan los adversarios); sin embargo, el tema de la migración es un tema ácido, un tema de resta y no de suma. Proponer una reforma migratoria en medio de una crisis internacional, con elecciones a la vuelta de la esquina, con niveles de aprobación que no son los ideales y con desventaja en el Congreso de Estados Unidos, no es algo que se recomiende en las estrategias electorales de un presidente que busca reelegirse.

 

Sin embargo, se dice que un presidente en Estados Unidos, si logra su permanencia en el poder, pasa por un proceso: la primera gestión es para reelegirse, mientras que la segunda es para entrar a la historia. En este caso, si Obama logra permanecer en la presidencia, cosa razonablemente lógica, podría pasar a la posteridad (si se atreve) como el presidente que destrabe ese pendiente que desde 1986 ningún presidente se ha atrevido a emprender, esto es, reconocer la urgencia de que los varios millones de inmigrados que viven en este país, pasen de ser seres casi invisibles, a participar como actores, constructores del futuro de esta nación. Atención: los inmigrantes, independientemente de su situación migratoria, han construido y siguen aportando a la fortaleza de Estados Unidos. Lo que esperaríamos es que ahora se haga sin la pesada carga que para este país y para muchos otros significa la palabra migrante: una condena social, un estigma, un estereotipo, una clave que parece ser una patente de corso que permite –casi obliga- a excluirlos,  a explotarlos sin mayor remordimiento.

 

 

 


[1] Coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, javier.urbano@uia.mx

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